La República Argentina ha dado luz verde a su primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNAEDH) para el periodo 2023-2026. La aprobación, formalizada mediante el Decreto N° 624/2023 y publicada el pasado 27 de noviembre en el Boletín Oficial, representa un compromiso con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU).
Esta iniciativa surge como respuesta a la reelección de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2022-2024, comprometiéndose a elaborar un plan nacional que fomente el diálogo y la efectiva implementación de los principios rectores. La necesidad de un plan de esta índole también recibió respaldo a través de recomendaciones de organismos de las Naciones Unidas.
El proceso de elaboración del PNAEDH se destaca por su carácter transversal y colaborativo, involucrando a diversas partes interesadas, tales como agencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas, representantes de trabajadores, pueblos indígenas y comunidades afectadas. En total, se consolidaron 282 compromisos durante un periodo de tres años, bajo la coordinación de la Cancillería y la colaboración de 10 ministerios, 2 secretarías, 8 organismos descentralizados y 11 empresas públicas, incluyendo entidades bancarias.
El respaldo internacional al PNAEDH se materializó con el apoyo y acompañamiento del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), que involucra a la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la OCDE, junto con la colaboración de UNICEF.
El PNAEDH se erige como una herramienta crucial para el desarrollo progresivo de los derechos humanos en Argentina, cumpliendo con los compromisos asumidos a nivel internacional. El plan establece tres objetivos fundamentales: fortalecer políticas públicas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos en el ámbito empresarial, profundizar la comprensión de los estándares internacionales y fomentar el diálogo intergubernamental para una implementación más efectiva.
Con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto será el organismo coordinador, encargado de promover el fortalecimiento continuo de las políticas en este ámbito y articular con otras entidades gubernamentales y del sector privado. Además, se establecen la Mesa Interministerial y el Consejo Asesor, conformados por actores clave que trabajarán «ad honorem» para garantizar la ejecución y evaluación efectiva del plan.