El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Proyecto CERALC, presentó el informe “Cómo integrar los derechos humanos en las finanzas en América Latina y el Caribe. Recomendaciones de acción para Estados, inversionistas institucionales y bancos comerciales”.

El informe examina las brechas y oportunidades para la integración de los derechos humanos en las principales políticas, regulaciones y prácticas financieras en América Latina y el Caribe (ALC), brindando recomendaciones para los Estados y las empresas financieras que operan allí, tanto bancos comerciales como inversionistas institucionales, para una mayor incorporación de los derechos humanos en sus prácticas.

Los autores plantean que “a nivel regional, si bien los avances en la adopción de marcos regulatorios y políticas de inversión y banca responsable ofrecen un marco fértil para integrar un enfoque de derechos humanos, hasta la fecha, esa integración ha sido sólo residual. Tanto en marcos estatales como en medidas de autorregulación del sector, los derechos humanos han sido incluidos como un tema más dentro del factor social a considerar (“S) y no como un enfoque transversal capaz de informar y moldear los procesos, mecanismos y herramientas empleadas por las empresas financieras en sus decisiones de inversión y financiamiento. Igualmente, la capacidad inigualable que tienen las empresas financieras de vincularse con empresas de la economía real e influir positivamente para lograr una mayor aplicación de los Principios Rectores, no ha sido aprovechada en la región. Todavía restan muchos esfuerzos para alinear estos marcos a los Principios Rectores y otros estándares clave en materia de conducta empresarial responsable (CER)”.

El proceso de elaboración contó con entrevistas en profundidad a distintos stakeholders así como discusiones de trabajo con inversionistas institucionales y bancos comerciales, referentes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

Las recomendaciones específicas brindadas por el informe para bancos comerciales son las siguientes:

• Implementar procesos de debida diligencia en derechos humanos basados en un enfoque de riesgos y no sujetos a un tipo de actividad, servicio financiero o umbral económico.
• Cuando se financian proyectos y aplican la debida diligencia social y ambiental a la luz de los Principios de Ecuador y las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional, integrar a ese proceso la debida diligencia en derechos humanos según los Principios Rectores.
• Cualquiera que sea el servicio o producto financiero ofrecido, fortalezcer la transparencia mediante la publicación de los procesos de debida diligencia incluyendo la identificación, evaluación y gestión de impactos en derechos humanos. Asimismo, divulgar información pertinente sobre los créditos otorgados incluyendo empresa, monto, destino de fondos y proyecto financiado, en casos de financiamiento de proyectos. Para ello se recomienda incluir cláusulas de transparencia en los contratos de préstamo/ financiamiento que otorguen consentimiento para divulgar determinada información, incluyendo la relación comercial existente.
• Fortalecer la participación de los grupos de interés en la toma de decisión de financiamiento y durante el mismo, especialmente de las personas titulares de derechos afectados o potencialmente afectados y otras partes interesadas como organizaciones de la sociedad civil y sindicatos. Para ello poner a disposición mecanismos de alerta temprana que permitan a las partes interesadas contribuir a la detección de impactos a los derechos humanos. Estos mecanismos deberán ser accesibles y disponer de información sobre los proyectos y zonas de influencia para facilitar la participación informada.

Fuente: https://sustenomics.com/recomendaciones-para-la-accion-sobre-finanzas-y-ddhh-en-america-latina-y-el-caribe/